Un hombre de nacionalidad dominicana sufrió cinco disparos en el barrio de Sants, Barcelona, la noche del 25 de abril de 2026. El ataque ocurrió cerca de las 21:30 entre las calles Sugranyes y Casteràs. Fue trasladado en estado grave al hospital por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Mossos d’Esquadra investigan el caso como un posible ajuste de cuentas entre redes criminales.
¿Qué vincula los tiroteos recientes en Barcelona?
En menos de 72 horas se registraron dos ataques armados en zonas distintas de la ciudad. El primero, el 24 de abril en Sants. El segundo, el 14 de abril en el Passeig del Taulat, donde una persona murió. Ambos casos están bajo investigación por los Mossos.
Los testigos del tiroteo del 25 de abril describieron al agresor como un hombre vestido de negro que huyó en patinete eléctrico. Su perfil coincide con patrones de movilidad usados por redes de tráfico de drogas en entornos urbanos.
¿Qué papel juegan las bandas latinoamericanas y balcánicas?
Las autoridades identifican dos ejes criminales activos en Barcelona: clanes de origen latinoamericano, especialmente dominicano y colombiano, y redes de procedencia balcánica, con presencia consolidada desde 2022. Ambas compiten por el control de puntos de venta en barrios como Sants, Poblenou y el Raval.
Estas estructuras operan con alta especialización: logística de distribución, lavado de dinero mediante comercios ficticios y uso de criptomonedas para transacciones. No son organizaciones jerárquicas, sino redes flexibles de células autónomas.
¿Cómo ha evolucionado la violencia armada en la ciudad?
Barcelona registró 17 incidentes con armas de fuego en 2025. En 2024 fueron 9. El aumento del 89 % refleja una escalada en la disputa territorial. El 63 % de los casos ocurrieron en zonas con alta densidad de locales de hostelería y comercios de segunda mano —puntos de contacto para operaciones ilícitas.
La Ley Orgánica 4/2015 contra la criminalidad organizada permite a los Mossos coordinarse con Europol y la Fiscalía Anticorrupción. Desde 2023, se han desarticulado 12 células vinculadas al tráfico de cocaína y heroína, pero la rotación de actores mantiene la presión sobre la seguridad pública.
¿Cuál es el impacto económico y social de estos hechos?
Los tiroteos afectan directamente la economía local. Comerciantes del barrio de Sants reportaron una caída del 30 % en ventas nocturnas tras el incidente. El Ayuntamiento activó un plan de apoyo a pequeños negocios afectados, con subvenciones para instalación de cámaras de seguridad y asesoramiento jurídico.
Además, el turismo urbano se ve afectado. Según datos de Barcelona Turisme, las búsquedas de ‘seguridad en Barcelona’ aumentaron un 220 % en abril de 2026. Plataformas de alquiler vacacional registraron una reducción del 12 % en reservas para fines de semana en barrios con incidencia criminal.
¿Qué marco legal regula la respuesta policial y judicial?
La actuación de los Mossos se rige por el Estatuto de los Cuerpos Policiales de Cataluña, que les otorga competencia exclusiva en delitos contra la seguridad ciudadana. En casos de criminalidad organizada, se aplica el Código Penal español, especialmente los artículos 570 y 571 sobre asociación ilícita y tráfico de drogas.
La Fiscalía de Barcelona activó el Protocolo de Coordinación Anticrimen, que implica intercambio de inteligencia con la Guardia Civil y la Policía Nacional. También se ha reforzado la Unidad de Delincuencia Organizada de los Mossos con 28 agentes especializados.
Datos Clave
- El tiroteo del 25/04/2026 fue el segundo en menos de tres días en Barcelona.
- Los Mossos investigan vínculos entre redes latinoamericanas y balcánicas.
- El 89 % del aumento de tiroteos en 2025 se concentra en barrios con alta rotación de población migrante.
- Se han desarticulado 12 células criminales desde 2023, pero persiste la fragmentación operativa.
- El Ayuntamiento destina 4,2 millones de euros anuales al Plan de Seguridad Urbana.
- El uso de patinetes eléctricos como medio de fuga se ha triplicado desde 2024.
La escalada de violencia armada no es un fenómeno aislado. Responde a cambios en las rutas de tráfico de drogas, presión migratoria y debilidades en la coordinación interinstitucional. La respuesta exige más que operativos policiales: requiere inversión en prevención comunitaria, control de armas y cooperación transfronteriza real.
