El caso de las mascarillas adjudicadas durante el Estado de alarma en 2020 sigue generando impacto judicial, político y económico. La auditoría del Ministerio de Transportes reveló irregularidades en la contratación de ocho millones de unidades a Soluciones de Gestión. No hubo licitación pública. No hubo justificación técnica para el cambio de pedido en 38 minutos. Y sí hubo intervención directa de asesores sin competencia formal.
¿Por qué se anuló y duplicó la compra de mascarillas en 38 minutos?
El 19 de marzo de 2020, José Luis Ábalos firmó una orden de compra de cuatro millones de mascarillas quirúrgicas a Soluciones de Gestión, canalizada por Puertos del Estado. Solo 38 minutos después, anuló ese contrato y firmó otro por ocho millones de unidades.
Las tres inspectoras del Ministerio que auditaron el proceso declararon ante el Tribunal Supremo que no hallaron justificación técnica ni documental para ese cambio. El único elemento registrado fue un correo de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la empresa.
El papel clave del asesor Koldo García
Las técnicas señalaron una “intervención excesiva” de Koldo García, asesor del ministro. Su participación no estaba prevista en los procedimientos de contratación. Tampoco tenía competencias para dirigir trámites de adquisición.
¿Qué dice la auditoría sobre la falta de transparencia?
La auditoría fue encargada por Óscar Puente, entonces secretario de Estado de Transportes. Detectó tres fallos estructurales:
- Ausencia de concurrencia pública, pese a que el decreto del Estado de alarma exigía justificar la exclusión de licitación.
- Falta de evaluación técnica previa sobre la idoneidad de Soluciones de Gestión.
- Ausencia de registro formal de las decisiones tomadas en esos 38 minutos.
La defensa de Koldo García encargó un informe alternativo para cuestionar la auditoría. Pero los jueces del Supremo lo descartaron por carecer de base metodológica.
¿Hubo conflicto de intereses en la adjudicación?
Sí. Víctor de Aldama actuó como intermediario entre el Ministerio y la empresa. Ábalos, Aldama y García están acusados de recibir comisiones ilegales por favorecer a Soluciones de Gestión. El juez instructor vinculó los pagos a la agilización de otros trámites, como el rescate de Air Europa.
¿Cuál es el marco legal aplicable a las compras de emergencia?
El Real Decreto 463/2020 permitió contrataciones urgentes sin licitación. Pero exigió tres condiciones:
- Justificación escrita de la urgencia.
- Evaluación objetiva de la solvencia del proveedor.
- Publicación inmediata del contrato en el Perfil del Contratante.
Ninguna de esas condiciones se cumplió en este caso. El contrato no se publicó hasta meses después. No hubo evaluación de solvencia. Y la justificación de urgencia fue genérica y posterior.
Impacto económico del caso
El contrato final ascendió a 12,8 millones de euros. El precio unitario fue un 42 % superior al de mercado en marzo de 2020. Según datos del Observatorio de Contratación Pública, el coste medio por mascarilla en operaciones similares fue de 1,20 €. En este caso, se pagó 1,60 €.
¿Qué consecuencias tiene para la confianza institucional?
El caso ha erosionado la percepción de integridad en la gestión pública de emergencias. Un informe de la Fundación Alternativas (2025) señala que el 68 % de los ciudadanos considera que las compras de pandemia carecieron de control real.
Además, ha generado un precedente jurisprudencial: el Tribunal Supremo ya ha sentado que la mera invocación del Estado de alarma no exime de cumplir con los principios de transparencia, igualdad y publicidad.
Datos Clave
- El contrato se firmó el 19 de marzo de 2020, cinco días después de la declaración del Estado de alarma.
- Soluciones de Gestión no tenía experiencia previa en suministro sanitario.
- No se realizó informe de solvencia técnica ni económica del proveedor.
- Koldo García intervino en 17 trámites de contratación durante marzo-abril de 2020.
- El Tribunal Supremo mantiene abierto el juicio oral desde febrero de 2026.
El caso no es solo sobre mascarillas. Es un test de resistencia del sistema de control público ante crisis. Muestra cómo las excepciones legales pueden convertirse en brechas de rendición de cuentas. Y revela que la auditoría interna, cuando está bien diseñada, sigue siendo una herramienta esencial de prevención.
