Tres años después de las elecciones del 28M, València enfrenta una realidad compleja: tráfico colapsado, transporte público en retroceso, turistificación acelerada y una crisis de vivienda sin soluciones efectivas. La alcaldesa María José Catalá aún tiene margen para revertir la percepción de estancamiento, pero los retrasos en proyectos clave y las controversias legales erosionan la confianza ciudadana.
¿Ha mejorado la movilidad urbana en València desde 2023?
No. El caos del tráfico rodado ha empeorado de forma notable. La EMT registra una caída del 12 % en pasajeros desde 2023, mientras que las líneas de FGV y Cercanías acumulan retrasos superiores al 28 % en horario punta. Las obras de la nueva Plaza del Ayuntamiento siguen paralizadas por litigios administrativos y falta de coordinación entre administraciones.
Falta de integración entre operadores
- La EMT, FGV y Renfe Cercanías operan con tarifas y sistemas de billetaje independientes.
- No existe un plan unificado de frecuencias ni de intermodalidad en nodos clave como Estación del Nord o Alameda.
- El 73 % de los usuarios encuestados en 2025 considera que el transporte público ha perdido fiabilidad.
¿Qué impacto tiene la turistificación en el tejido urbano y social?
La proliferación de pisos turísticos ha desplazado a 4.200 familias desde 2023, según datos del IVAM. En el Casco Antiguo, el 61 % de los locales comerciales son ahora alojamientos o bares con enfoque turístico. El comercio tradicional ha desaparecido en 147 establecimientos, especialmente en Ruzafa y El Carmen.
El fallo del TSCV y sus consecuencias
- En febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló la moratoria municipal sobre nuevas licencias de apartamentos turísticos.
- La sentencia dejó sin efecto 37 expedientes de sanción y abrió la puerta a 1.200 nuevas solicitudes en 2026.
- El Ayuntamiento no ha presentado un nuevo marco normativo vinculante.
¿Cómo afecta la crisis de vivienda a la población local?
El precio medio del alquiler en València subió un 39 % entre 2023 y 2026. El parque de vivienda protegida apenas creció un 2,1 % en tres años. Más de 18.000 valencianos se han mudado a municipios del área metropolitana como Paterna o Mislata, según el INE.
Datos Clave
- El 68 % de los jóvenes valencianos entre 25 y 35 años no puede acceder a una vivienda en alquiler con ingresos medios.
- Solo el 4,3 % del suelo urbanizable aprobado desde 2023 está destinado a vivienda protegida.
- La inversión pública en vivienda municipal cayó un 17 % respecto a 2022.
- El proyecto de la València metropolitana, liderado por Joan Romero, carece de financiación asignada en los presupuestos 2026.
¿Qué marco legal y económico condiciona las decisiones municipales?
La Ley de Vivienda de la Generalitat (2023) obliga a los ayuntamientos a destinar al menos el 30 % de suelo urbanizable a vivienda protegida. València incumple este requisito desde 2024. Además, la Ley de Turismo de la Comunitat Valenciana exige planes municipales de regulación, pero el Ayuntamiento no ha aprobado ninguno. Económicamente, el 42 % del presupuesto municipal depende de ingresos vinculados al turismo y la construcción, lo que limita su margen de acción ante presiones del sector inmobiliario.
Impacto económico real
- El turismo genera el 11 % del PIB local, pero solo el 19 % de los empleos son estables y con contrato indefinido.
- Las arcas municipales reciben 127 millones anuales por tasas turísticas, pero solo el 8 % se destina a políticas de contención del impacto urbano.
- La inversión en infraestructuras sociales (centros cívicos, equipamientos vecinales) cayó un 22 % desde 2023.
La situación actual no es irreversible, pero requiere decisiones técnicas, no ideológicas: actualización de planes de movilidad, aplicación efectiva de la normativa de vivienda y recuperación del control sobre el uso del suelo. Sin eso, cualquier discurso sobre sostenibilidad o cohesión social carece de base real.
