Un caso de construcción ilegal en una zona inundable y protegida de la Cerdanya ha activado alertas legales y ambientales. El presidente del Consell Comarcal, Isidre Chia, declaró ante el tribunal de Puigcerdà sin responder a la acusación particular de SOS Pirineus. La finca en cuestión, ubicada cerca de Queixans (Fontanals de Cerdanya), alberga una piscina y una casita autorizadas de forma irregular. Las pruebas técnicas apuntan a una vulneración clara del Plan General de Ordenación Urbana y de la Ley de Costas y Ríos.
¿Qué implica construir en una zona inundable?
Construir en una zona inundable está prohibido por el Real Decreto Legislativo 1/2001, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Estas áreas están catalogadas como de riesgo hidrológico y su ocupación requiere informe previo de la Confederación Hidrográfica.
La responsabilidad del propietario
Isidre Chia reconoció ser propietario de la finca en el momento de la obra. Eso activa su responsabilidad urbanística directa, incluso si la licencia fue emitida por un ayuntamiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la mala fe del promotor no exime de la nulidad de pleno derecho de la edificación.
¿Qué dice el informe técnico?
Tres técnicos declararon: un perito de la defensa, un testigo judicial y un arquitecto municipal. Ninguno negó la existencia de la piscina y la casita. Todos coincidieron en que la zona carece de aptitud urbanística. Uno de ellos admitió que la autorización residencial fue emitida sin evaluar el mapa de riesgo de inundación.
¿Qué consecuencias legales tiene esta actuación?
La Fiscalía Ambiental ya tiene los informes. Si se confirma la ilegalidad urbanística, procede la demolición forzosa, según el artículo 112 de la Ley 7/2023 de Suelo y Rehabilitación Urbana. Además, puede aplicarse una sanción económica de hasta 600.000 € por infracción muy grave.
El papel de SOS Pirineus
La entidad ecologista actuó como acusación particular, no como denunciante genérico. Eso le otorga capacidad para solicitar pruebas, acceder al sumario y exigir medidas cautelares. Su labor no es meramente reactiva: impulsa la aplicación efectiva del principio de prevención en la normativa ambiental.
¿Cómo afecta esto a la economía local?
La Cerdanya depende del turismo sostenible y la agricultura de montaña. Una sentencia condenatoria reforzaría la confianza de inversores en proyectos con certificación ambiental. Por el contrario, la impunidad en casos como este erosiona la credibilidad de los planes de ordenación comarcal y frena ayudas europeas del Fondo de Transición Justa.
Datos Clave
- La finca está ubicada en una zona inundable catalogada por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Se construyeron una piscina y una casita sin informe de compatibilidad hidrológica.
- Isidre Chia era propietario y alcalde de Bolvir durante la obra.
- El arquitecto municipal reconoció que no se evaluó el mapa de riesgo antes de la autorización.
- La Fiscalía Ambiental ya tiene los informes técnicos para decidir si abre juicio oral.
¿Qué marco legal regula las zonas protegidas en Cataluña?
El Decreto 127/2015 de zonas húmedas y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Pirineos son los pilares legales. Ambos prohíben cualquier actuación que altere el régimen hidrológico natural. Además, la Directiva Europea 2007/60/CE exige planes de gestión del riesgo de inundación actualizados cada seis años —el de la Cerdanya está vigente desde 2022.
El impacto en la gestión comarcal
El Consell Comarcal de la Cerdanya gestiona fondos europeos para la adaptación al cambio climático. Un caso de ilegalidad urbanística en zona inundable puede desencadenar una auditoría de la Comisión Europea sobre el uso de fondos NextGenerationEU. También afecta la acreditación de la comarca como Territorio Resiliente, requisito para acceder a subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica.
