El parque eólico El Escudo, de 101,2 MW en Cantabria, está paralizado por orden del Ministerio para la Transición Ecológica. Ya se habían instalado 23 de sus 25 aerogeneradores. Vecinos denunciaron graves fallos en la tramitación ambiental. La UCOMA investiga indicios de opacidad administrativa y vínculos con casos previos de corrupción ambiental. La paralización afecta inversiones, empleo local y objetivos nacionales de energía renovable.
¿Por qué se paralizó el parque eólico El Escudo?
El Ministerio para la Transición Ecológica ordenó la suspensión el 24 de marzo de 2026. La medida se ejecutó con presencia técnica y de la Guardia Civil en el polígono. La causa oficial: la acumulación de recursos administrativos contra el proyecto. Pero los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio señalan que la raíz es más profunda: irregularidades en la evaluación ambiental.
Fallos en la autorización ambiental
La denuncia destaca que se omitieron análisis de impacto en espacios naturales protegidos. El proyecto afecta zonas de importancia para la fauna y flora cantábrica. No se evaluó adecuadamente el riesgo para especies protegidas como el águila real o el oso pardo. Además, faltó transparencia en la identidad de los técnicos redactores del informe de impacto ambiental.
¿Qué papel tiene Eugenio Domínguez en el caso?
Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental, aparece vinculado a documentos oficiales del proyecto El Escudo. Su nombre ya está asociado al caso Forestalia, investigado por la UCOMA por presuntas irregularidades en autorizaciones eólicas. Su participación genera dudas sobre la independencia y objetividad de la evaluación ambiental.
Opacidad en la autoría técnica
Los denunciantes exigen identificar a los funcionarios que redactaron los informes. La falta de firma técnica clara viola el principio de responsabilidad administrativa. En procesos de energía renovable, la trazabilidad de las decisiones es obligatoria bajo la Ley 27/2006 y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
¿Cuál es el impacto económico y legal de la paralización?
La obra, promovida por Biocantaber, tenía prevista su puesta en marcha para finales de 2026. Su paralización genera pérdidas estimadas en 42 millones de euros. Además, se afectan 120 empleos directos e indirectos en Cantabria. Desde el punto de vista legal, el caso pone en tensión el equilibrio entre aceleración de la transición energética y respeto al procedimiento administrativo.
Marco normativo afectado
La paralización se sustenta en el artículo 122 de la Ley 39/2015, que permite suspender obras ante riesgo de ilegalidad grave. También incide en la Directiva 2011/92/UE sobre evaluación de impacto ambiental. España debe garantizar que los proyectos de energía renovable cumplan con los estándares de participación pública y control técnico.
¿Qué consecuencias tiene para la transición energética nacional?
El parque El Escudo representaba el 1,3 % de la potencia eólica prevista para Cantabria en el PNIEC 2021–2030. Su retraso afecta el cumplimiento del objetivo del 81 % de electricidad renovable para 2030. Además, genera desconfianza en inversores extranjeros que exigen certidumbre jurídica y transparencia en procesos de evaluación ambiental.
Datos Clave
- El parque está ubicado en Luena, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo.
- Se instalaron 23 de los 25 aerogeneradores antes de la paralización.
- La denuncia fue presentada ante la UCOMA por Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio.
- Eugenio Domínguez aparece en documentos oficiales del proyecto, aunque ya no ocupa cargo público.
- La inversión comprometida supera los 42 millones de euros.
- El proyecto incumplió requisitos de participación pública en zonas de espacios naturales protegidos.
La paralización no es solo un contratiempo técnico. Es una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar la integridad de los procesos de autorización en proyectos de energía renovable. La transición ecológica exige velocidad, pero no a costa de la legalidad ni de la confianza ciudadana.
