Fernando Samper ha dimitido como presidente del Grupo Forestalia, tras su detención en el marco del caso Forestalia, una investigación judicial abierta por presuntas irregularidades en la tramitación administrativa de parques eólicos y fotovoltaicos. Su hijo, Ricardo Samper García, asume ahora la dirección general con el mandato de garantizar la estabilidad operativa y la ejecución de más de 3.200 MW en proyectos renovables en construcción o en fase avanzada.
¿Por qué renunció Fernando Samper al frente de Forestalia?
La dimisión se produjo el 26 de marzo de 2026, 23 días después de su detención y posterior libertad. No se han confirmado cargos formales, pero sí existen denuncias por presunta corrupción administrativa y favorecimiento en la obtención de autorizaciones para parques renovables. El caso ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de concesión de suelos y permisos ambientales en zonas sensibles, como espacios naturales protegidos y áreas con alta presión hídrica.
El contexto regulatorio y su impacto
La Agencia Estatal de la Energía y el Ministerio para la Transición Ecológica han reforzado los controles sobre la tramitación de proyectos renovables desde 2025. Se exige ahora una evaluación previa de impacto hídrico en zonas afectadas por sequía, y se revisan los informes de compatibilidad con planes de conservación de fauna y flora.
¿Cómo afecta este cambio al desarrollo de energías renovables en España?
Forestalia gestiona el 7,2 % del total de potencia renovable en construcción en España. Su reestructuración directiva ocurre en un momento clave: el país debe alcanzar el 81 % de electricidad renovable en 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Cualquier retraso en sus proyectos —como los parques de Teruel, Soria y Cáceres— pone en riesgo los objetivos de descarbonización y la inversión privada en el sector.
Nuevos asesores legales: Cuatrecasas y Hogan Lovells
La compañía ha incorporado dos despachos internacionales para reforzar su marco de cumplimiento. Su objetivo es alinear los procesos con los estándares de la OCDE y la UE sobre gobernanza corporativa. Esto incluye auditorías externas trimestrales y la publicación anual de un informe de transparencia con indicadores de sostenibilidad ambiental y social.
¿Qué papel juega la sostenibilidad ambiental en la nueva etapa de Forestalia?
El grupo ha anunciado que todos los nuevos proyectos incorporarán estudios de huella hídrica y planes de restauración de vegetación autóctona. Además, se compromete a reducir un 40 % el uso de agua en fases de construcción mediante tecnologías de limpieza sin agua para paneles solares.
Integración con la estrategia nacional de sequía
Forestalia ahora debe alinearse con el Plan Nacional de Sequía 2025–2030, que prohíbe la instalación de infraestructuras energéticas en cuencas con alerta roja hídrica. Esto afecta directamente a zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el grupo tenía previstos 420 MW.
¿Qué garantías ofrece la nueva dirección para la confianza institucional?
Ricardo Samper García, con formación en ingeniería y experiencia en gestión de proyectos en la UE, ha priorizado la certificación ISO 26000 de responsabilidad social y la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía también ha creado una comisión de ética independiente, integrada por expertos en derecho ambiental y gobernanza energética.
Datos Clave
- Fernando Samper fundó Forestalia en 2013 tras su trayectoria en el sector porcino.
- El grupo ganó 1.800 MW en las subastas renovables de 2016 y 2017.
- Actualmente tiene 3.200 MW en cartera: 65 % eólico, 30 % fotovoltaico, 5 % almacenamiento.
- Las nuevas auditorías legales se aplicarán a 100 % de los proyectos en fase de licencia ambiental.
- El 92 % de los terrenos usados por Forestalia son suelos no agrícolas o degradados.
El cambio de liderazgo no es solo una transición interna. Es un test de resiliencia para el modelo español de transición energética: equilibrar velocidad de despliegue, integridad institucional, y respeto a los límites ecológicos. La confianza de inversores, administraciones y comunidades locales dependerá ahora de la coherencia entre los nuevos compromisos y su ejecución real.
