La Audiencia de Girona juzga al alcalde de Vidreres, Jordi Camps, por presuntos nombramientos ilegales en la Policía Local entre 2020 y 2021. Se le imputa una infracción grave de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con riesgo de 14 años de inhabilitación absoluta. El caso afecta la confianza ciudadana, la transparencia administrativa y el equilibrio entre autoridad y control democrático.
¿Qué se acusa al alcalde de Vidreres?
Los fiscales sostienen que Camps, junto al entonces inspector y dos agentes, eludió concursos públicos obligatorios para ascender a dos policías a la categoría de cabo. No se cumplió el requisito de antigüedad mínima, ni los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.
El origen de la querella fue una denuncia del abogado Benet Salellas, en nombre de un agente perjudicado. La fiscalía señala que la maniobra comenzó en agosto de 2020, tras la solicitud de comisión de servicios del inspector.
El informe del inspector fue clave
El 15 de septiembre de 2020, el inspector emitió un informe calificando como “urgente” la habilitación de los dos agentes. Sin embargo, la fiscalía subraya que esa urgencia no justifica la violación del procedimiento legal. El informe carecía de base objetiva y omitió la existencia de otros agentes con mayor antigüedad y mérito.
¿Qué dice la ley sobre los nombramientos en cuerpos locales?
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige concursos públicos para ascensos en cuerpos policiales locales. Estos procesos garantizan transparencia, igualdad y objetividad. Saltarse el concurso implica una vulneración directa del principio de legalidad y del derecho a la igualdad.
La inhabilitación no es solo penal: es administrativa y política
Una sentencia condenatoria de 14 años de inhabilitación impediría a Camps ejercer cualquier cargo público, incluido el de alcalde, concejal o funcionario. Además, afectaría su capacidad para acceder a subvenciones públicas, licitaciones o contratos con la administración.
¿Cuál es el impacto económico y social del caso?
Los nombramientos irregulares generan costes ocultos: litigios, indemnizaciones, pérdida de productividad y desgaste institucional. En Vidreres, el caso ha generado desconfianza en la gestión municipal y ha reactivado debates sobre la capacidad de control interno en ayuntamientos pequeños.
El precedente afecta a más de 8.100 municipios
Según el Ministerio de Política Territorial, el 72 % de los ayuntamientos españoles tiene menos de 10.000 habitantes. En muchos, la falta de asesoramiento jurídico especializado facilita prácticas como la descrita. El fallo de Girona podría convertirse en referencia jurisprudencial para futuros procesos similares.
¿Qué pasa con los derechos de los agentes afectados?
Los dos agentes ascendidos no fueron sancionados por su participación, pero su nombramiento podría ser declarado nulo de pleno derecho. Eso implica que sus funciones como cabos carecerían de base legal desde el inicio. Además, podrían enfrentar reclamaciones por responsabilidad patrimonial si se demuestra que actuaron con conocimiento de la ilegalidad.
Datos Clave
- El caso se centra en nombramientos entre agosto de 2020 y 2021.
- Se eludió un concurso público obligatorio para ascensos en Policía Local.
- La fiscalía alega falta de antigüedad, mérito y objetividad en los candidatos.
- La inhabilitación de 14 años es la pena máxima prevista para este tipo de delito.
- El juicio se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona.
- El abogado querellante actuó en nombre de un agente excluido del proceso.
El caso Vidreres no es aislado. Refleja tensiones estructurales entre la agilidad operativa y el respeto al ordenamiento jurídico. Su resolución marcará un punto de inflexión para la gobernanza local en España.
