La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella indeleble en el mundo, no solo en términos de salud pública, sino también en la esfera política y económica. En este contexto, un escándalo de corrupción ha emergido en Canarias, involucrando a figuras clave del gobierno y la venta de contratos para la provisión de pruebas PCR. Este artículo explora los detalles de este caso, las implicaciones políticas y las reacciones de los involucrados.
La trama de corrupción se centra en el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, quienes supuestamente lograron un contrato para la venta de mascarillas en Canarias por un monto de cinco millones de euros. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, este contrato habría sido facilitado con la complicidad del expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las revelaciones han sacudido el panorama político canario y han puesto en tela de juicio la integridad de los funcionarios involucrados.
### La Venta de Mascarillas y el Primer Escándalo
El primer escándalo se desató cuando se descubrió que la venta de mascarillas había sido un negocio lucrativo para los implicados. La UCO ha documentado cómo, alentados por el éxito de esta transacción, los miembros de la trama comenzaron a planear una nueva operación: la venta de pruebas PCR para los pasajeros que llegaban o salían de las islas. Este nuevo plan se concretó en tres contratos firmados en un periodo de tres meses, con un total de 14.941.696,69 euros en juego.
La empresa Megalab fue la encargada de llevar a cabo estas transacciones, y el informe sugiere que la participación de Torres fue crucial para la firma de los contratos. Las conversaciones telefónicas entre los implicados revelan una red de complicidades y acuerdos que van más allá de lo que inicialmente se pensaba. En una llamada del 14 de agosto de 2020, Aldama y García discutieron sobre el nuevo negocio, donde Aldama mencionó que Torres les debía una “grandísima”. Esto indica que había una relación de dependencia y favores entre los actores políticos y los empresarios.
El contenido de un audio enviado por Koldo García a Torres también ha sido revelado. En este mensaje, García menciona que Megalab tenía una idea innovadora para implementar un protocolo de pruebas PCR, que podría ser beneficioso para el turismo en Canarias. La urgencia de establecer un “vuelo seguro” para los pasajeros se convierte en una prioridad, lo que pone de manifiesto la presión que sentían los implicados para llevar a cabo sus planes.
### Las Gestiones para la Aprobación de los Laboratorios
Para que la trama pudiera llevar a cabo su plan de establecer laboratorios en aeropuertos y cruceros, era necesaria la aprobación del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa. Según el informe de la UCO, Torres se comunicó con Illa a instancias de la trama a principios de septiembre, buscando su apoyo para la instalación de estos laboratorios. En una conversación, Torres expresó que había “buena recepción” por parte de Illa, lo que sugiere que había un interés por parte del gobierno en facilitar este tipo de iniciativas.
Sin embargo, la situación no fue tan sencilla. Illa mostró reticencias y, a pesar de las insistentes gestiones de Torres, el ministro de Sanidad no estaba convencido de la viabilidad del proyecto. En una conversación posterior, Torres expresó su frustración por las “pegas” que Illa estaba poniendo, sugiriendo que si no obtenía una respuesta favorable, tendría que intervenir Ábalos o incluso Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.
Las comunicaciones entre los implicados revelan un entramado de presiones y negociaciones que reflejan la complejidad de la situación. Torres continuó insistiendo en la necesidad de que la trama pudiera comercializar sus pruebas PCR, lo que indica que había un interés político en facilitar estos contratos, a pesar de las dudas planteadas por el Ministerio de Sanidad.
El 15 de diciembre de 2020, se publicó una orden en el Boletín Oficial del Estado que permitía la realización de pruebas diagnósticas a los pasajeros que llegaban a Canarias. Este decreto fue el resultado de las intensas gestiones de Torres y su equipo, pero también plantea preguntas sobre la transparencia y la ética de las decisiones tomadas durante la pandemia.
### Reacciones y Consecuencias
Las revelaciones sobre este escándalo han provocado una ola de reacciones en el ámbito político y social. La oposición ha exigido explicaciones y ha criticado la falta de transparencia en la gestión de la pandemia. La figura de Ángel Víctor Torres se ha visto especialmente afectada, ya que su implicación en el caso ha puesto en duda su capacidad para liderar la comunidad autónoma.
Por otro lado, los implicados han defendido su actuación, argumentando que estaban actuando en el mejor interés de la salud pública y la economía de Canarias. Sin embargo, la evidencia presentada por la UCO sugiere que había un interés personal y financiero detrás de sus decisiones, lo que complica su defensa.
El escándalo también ha llevado a un debate más amplio sobre la corrupción en la política española, especialmente en tiempos de crisis. La pandemia ha expuesto vulnerabilidades en los sistemas de control y supervisión, lo que ha permitido que se desarrollen prácticas corruptas en la gestión de recursos públicos.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la trama y sus implicaciones. La sociedad canaria está a la espera de respuestas y de una rendición de cuentas que asegure que los responsables de este escándalo enfrenten las consecuencias de sus acciones. La lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad para muchos ciudadanos, que exigen un gobierno transparente y responsable, especialmente en momentos de crisis como los que hemos vivido recientemente.
