El mes de agosto de 2025 ha sido testigo de una devastadora ola de incendios en España, que ha dejado a su paso miles de hectáreas quemadas y numerosas evacuaciones. Las comunidades más afectadas son Castilla y Galicia, donde los focos de fuego han causado no solo pérdidas materiales y ecológicas, sino también tragedias humanas, con varios heridos y fallecidos. En este contexto, la falta de recursos y la precarización del sector de la extinción de incendios han sido denunciadas por representantes de bomberos y agentes forestales, quienes claman por una mejora en las condiciones laborales y en la profesionalización del personal encargado de combatir estos desastres.
La situación se ha vuelto crítica, y las voces de alarma se han multiplicado. Los sindicatos UGT y CSIF han expresado su preocupación por la falta de formación adecuada para los agentes medioambientales, quienes, a pesar de recibir solo un curso de una semana, son enviados a liderar operaciones de extinción. Sara Mateos, agente medioambiental de Castilla y León, ha señalado que esta falta de preparación puede tener consecuencias fatales en un entorno tan peligroso como el de un incendio forestal. Por su parte, Francisco Javier García Rodríguez, responsable de bomberos forestales de UGT, ha criticado la falta de profesionalización en los dispositivos de extinción, lo que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a la población.
### La Necesidad de Inversión en Prevención
En medio de esta crisis, organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han hecho un llamado urgente a las autoridades para que se implementen medidas de prevención más efectivas. Estas organizaciones proponen un modelo de gestión de las masas forestales que fomente un “mosaico agroforestal”, especialmente en áreas donde aún existe un tejido rural activo. Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, ha subrayado la importancia de incrementar la inversión en medidas preventivas, a pesar de que estas no generen resultados inmediatos y, por lo tanto, no sean atractivas desde un punto de vista electoral.
La falta de acción preventiva ha sido un tema recurrente en las declaraciones de los expertos. Mónica Colmena, especialista del programa de bosques de WWF, ha enfatizado la necesidad de identificar las zonas de alto riesgo y establecer planes anuales de protección. La gestión activa del monte, que incluye la reducción de la carga de combustible, es esencial para mitigar la propagación de incendios. En este sentido, la implementación de tratamientos selvícolas y la promoción de prácticas tradicionales como el pastoreo extensivo son vistas como estrategias clave para prevenir futuros desastres.
La situación es tan grave que Extremadura ha solicitado el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para hacer frente a los incendios activos en la región. La falta de recursos y la inacción de las administraciones han llevado a muchos a calificar la situación de “extrema gravedad”. Poli Castellanos, presidente de Ucale-COAG León, ha criticado la “nula aportación” de las administraciones en la prevención y extinción de incendios, advirtiendo que el fuego solo se apagará cuando se consuma todo lo que hay en su camino.
### La Propuesta de Inversión y Gestión Sostenible
Desde Greenpeace se ha planteado que una inversión de 1.000 millones de euros al año en prevención de incendios podría resultar en un ahorro de 99.000 millones en costos de extinción. Esta cifra permitiría gestionar y salvar una superficie equivalente a 9,9 millones de hectáreas, lo que representa una parte significativa del territorio español. La organización ha instado a las autoridades a considerar esta inversión como una prioridad, no solo por los beneficios económicos, sino también por la necesidad de proteger los ecosistemas y las comunidades afectadas.
La ganadería extensiva y el pastoreo han sido defendidos como prácticas cruciales para evitar incendios y restaurar ecosistemas dañados. Asaja de Ávila ha argumentado que la solución no radica en nuevas prohibiciones, sino en recuperar métodos tradicionales que han demostrado ser efectivos en la gestión del territorio. La educación y la promoción de la auto-protección en zonas de interfaz urbano-forestal también son aspectos que deben ser considerados para mejorar la resiliencia de las comunidades ante el riesgo de incendios.
La crisis de incendios en España no solo es un problema ambiental, sino también un desafío social y económico que requiere una respuesta coordinada y efectiva. La combinación de una mayor inversión en prevención, la profesionalización de los equipos de extinción y la implementación de prácticas sostenibles puede ser la clave para enfrentar esta problemática de manera efectiva y proteger tanto a las personas como al medio ambiente.
