La recaudación fiscal del sector del transporte en España muestra una clara preferencia por el transporte por carretera, que representa el 90% de la recaudación total. Este dato resalta la importancia de este modo de transporte en la economía nacional, especialmente en comparación con otros sectores como el aéreo y el marítimo. Según el informe ‘Balance económico, fiscal, social y medioambiental del transporte en España’, elaborado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica, en colaboración con el Grupo Alsa y la Fundación Corell, la fiscalidad específica del transporte por carretera supera los 16.500 millones de euros anuales. Esta cifra es notablemente superior a la del transporte aéreo, que aporta 1.970 millones de euros, y al marítimo, que contribuye con 700 millones de euros. En contraste, el ferrocarril no solo no genera ingresos fiscales, sino que recibe subvenciones que ascienden a 1.688 millones de euros.
La exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) para el ferrocarril, el transporte marítimo y el aéreo se considera una «ventaja competitiva injustificada». Esto se debe a que los efectos de las emisiones son similares, independientemente del medio de transporte utilizado. Este aspecto plantea interrogantes sobre la equidad en la fiscalidad del transporte y la necesidad de una revisión de las políticas actuales.
Las subvenciones públicas son un factor clave en el análisis de la fiscalidad del transporte. El estudio revela que el transporte terrestre recibe anualmente 1.834 millones de euros en subvenciones, siendo el transporte de viajeros en autobús el principal beneficiario, con 990 millones de euros. Estas ayudas incluyen las obligaciones de servicio público (OSP), bonificaciones para familias numerosas y apoyo al transporte escolar y de movilidad reducida. Por otro lado, el sector ferroviario recibe subvenciones que alcanzan los 2.681 millones de euros, con la mayor parte destinada a las rutas OSP, que suman 1.460 millones de euros. Además, 1.200 millones se invierten en el desarrollo de servicios de metro y tranvía en áreas urbanas.
El transporte aéreo, aunque recibe menos subvenciones que el ferroviario, también cuenta con un apoyo significativo de 665 millones de euros, destinado principalmente a rutas OSP y bonificaciones para residentes de regiones como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Este panorama sugiere que, a pesar de la alta recaudación fiscal del transporte por carretera, la dependencia de las subvenciones en otros modos de transporte podría estar distorsionando la competencia en el sector.
La inversión en infraestructuras de transporte es otro aspecto crucial que se aborda en el informe. Se estima que una adecuada planificación de estas inversiones podría reducir tanto los tiempos como los costos asociados al transporte, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos. En términos de inversión, el transporte por carretera representa el 36% del total, con 2.160 millones de euros. El transporte ferroviario, por su parte, recibe el 45% de las inversiones, lo que equivale a 2.700 millones de euros anuales, destacando los 1.110 millones destinados a la red de alta velocidad. En comparación, el transporte aéreo recibe el 13% del total de las inversiones, con 800 millones de euros, mientras que el transporte marítimo se queda con el 6%, es decir, 380 millones de euros.
La patronal Confebús ha expresado su preocupación por la necesidad de una financiación adecuada para el transporte en autobús, destacando su capacidad para llegar a áreas donde otros medios no pueden operar. Este servicio, que a menudo es deficitario, requiere de una ley estable que permita a las empresas planificar sus operaciones de manera efectiva. Además, se ha señalado la importancia de conocer con antelación las campañas de apoyo, como la de Verano Joven, que se ha renovado con poco tiempo de antelación a su implementación.
En resumen, el transporte por carretera no solo es un pilar fundamental en la recaudación fiscal del país, sino que también enfrenta desafíos significativos en términos de competencia y financiación. La revisión de las políticas fiscales y de subvenciones podría ser clave para garantizar un sistema de transporte más equitativo y eficiente en España.
