La Policía Canaria ha llevado a cabo una operación significativa en la que se han detenido a dos directivos de Quorum Social 77, una entidad que gestiona centros de acogida para menores migrantes. Esta acción se realizó en respuesta a una orden de entrada y registro emitida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, en el marco de una investigación que ha revelado serias irregularidades en el tratamiento de los menores bajo su tutela.
La operación, que tuvo lugar en la mañana del 24 de julio de 2025, incluyó registros en las oficinas de Quorum Social 77, ubicadas en la calle Viera y Clavijo de Las Palmas de Gran Canaria, así como en dos centros de acogida de menores migrantes y otras tres ubicaciones no especificadas. Como resultado de esta intervención, se procedió al cierre del centro José García I, situado en Arinaga, donde se encontraban 148 menores que ahora serán trasladados a otros espacios de acogida.
### Contexto de la Investigación
La investigación que ha llevado a cabo la Policía Canaria se centra en presuntos delitos graves que incluyen lesiones, delitos de odio, y omisión del deber de impedir delitos. En una operación anterior, hace apenas dos meses, se había clausurado otro centro de acogida de menores migrantes, La Fortaleza I, también gestionado por Quorum Social 77. En esa ocasión, se detuvo a nueve trabajadores acusados de cometer delitos similares, lo que pone de manifiesto un patrón preocupante en la gestión de estos centros.
Los informes de la investigación han revelado episodios de castigos físicos, insultos racistas, intimidaciones y prolongados aislamientos de los menores. Estos hallazgos han generado una gran preocupación entre las autoridades y la sociedad, dado que Quorum Social 77 tiene bajo su responsabilidad aproximadamente 1.900 niños en el Archipiélago, lo que representa cerca del 34% de todos los menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias.
La Consejería de Bienestar Social ha indicado que el presupuesto anual de esta entidad asciende a unos 62,3 millones de euros, los cuales son asignados mediante contratos de emergencia. Esta situación ha suscitado un debate sobre la supervisión y regulación de las entidades que gestionan centros de acogida, especialmente en un contexto donde la protección de los derechos de los menores es fundamental.
### Reacciones y Consecuencias
La detención de los directivos de Quorum Social 77 ha provocado reacciones diversas en la comunidad. Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de los menores han expresado su preocupación por la situación de los niños en estos centros y han solicitado una revisión exhaustiva de las prácticas de todas las entidades que operan en este ámbito. La necesidad de garantizar un entorno seguro y saludable para los menores migrantes es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde muchos de ellos han llegado a las Islas en busca de protección y una vida mejor.
La consejera de Infancia ha declarado que se está trabajando para asegurar el bienestar de los menores afectados por el cierre del centro José García I, y que se están tomando medidas para garantizar que sean trasladados a lugares donde se respeten sus derechos y se les brinde la atención adecuada.
La situación en Quorum Social 77 es un recordatorio de la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas en el sector de la protección infantil. La sociedad civil y las autoridades deben trabajar juntas para asegurar que los menores migrantes reciban el trato digno y humano que merecen, y que se tomen medidas efectivas contra cualquier forma de abuso o negligencia.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las prácticas de Quorum Social 77 y que se tomen decisiones que aseguren la protección de los menores en el futuro. La comunidad está atenta a los desarrollos de este caso, que no solo afecta a los menores involucrados, sino que también plantea preguntas importantes sobre el sistema de acogida y la responsabilidad de las entidades que operan en este sector.
